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Presentó PRI ante INE queja por ilegal presencia de Jorge Luis en el Teletón

A través de Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el Consejo General del INE,  ese instituto político presentó una queja por la ilegal presencia de Jorge Luis Preciado,  candidato del PAN a la gubernatura de Colima, durante la transmisión televisiva del Teletón.

En su queja, el Revolucionario Institucional estimó que la aparición de Preciado Rodríguez durante la transmisión del programa Teletón tuvo fines propagandísticos.

“Ruinmente Preciado aprovechó un programa dedicado a la solidaridad, al apoyo de humano con humano para hacerse campaña; le estamos pidiendo al INE realice las acciones necesarias para determinar cuánto significa esto en costo de campaña, le estamos pidiendo que realice las diligencias necesarias ante las cadenas televisoras para exigir que haya una verificación de qué impacto económico puede tener esto en la campaña”, dijo Jorge Carlos Ramírez, entrevistado en las oficinas centrales del INE en la Ciudad de México.

El instituto político solicita se investigue los gastos erogados en la difusión que realizó Preciado, pues se presume que los 29 segundos de duración de la transmitió del mensaje ofrecido a toda la República por el candidato del PAN, en donde asumió un compromiso de gobierno que tuvo un costo económico.

Con su presencia en la televisión, el panista violó la Constitución de la República, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, señaló Rogelio Rueda Sánchez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Rueda Sánchez estimó que la ilegalidad en la que incurrió el abanderado panista es por la adquisición indebida de espacios en televisión, así como la violación  a las reglas de financiamiento y fiscalización de campañas de partidos y candidatos.

En ese sentido, aclaró que la administración y otorgamiento de tiempos en radio y televisión para partidos y candidatos es facultad exclusiva del INE, lo que implica la prohibición de contratar, por sí o por terceras personas, espacios en esos medios electrónicos de comunicación.

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